El presidente de Coparmex Mexicalli , dio a conocer el recurso interpuesto el día de hoy ante el tribunal local, afirmando que se hizo lo propio en el Tribunal federal, con lo que se busca -aseguran- salvaguardar los derechos electorales de los ciudadanos y preservar el Estado de Derecho en la entidad.
Ciudad de México, 6 de noviembre (ZETA).– Un juicio para la protección de los derechos electorales ciudadanos, fue interpuesto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, con lo que se suma a la serie de recursos legales interpuestos contra la ampliación de mandato decretada por la XXII Legislatura, a través de la reforma al Octavo Transitorio Constitucional.
El presidente del organismo empresarial, dio a conocer el recurso interpuesto el día de hoy ante el tribunal local, afirmando que se hizo lo propio en el Tribunal federal, con lo que se busca -aseguran- salvaguardar los derechos electorales de los ciudadanos y preservar el Estado de Derecho en la entidad.
En el texto precisan que el recurso de inconformidad es porque las reformas emitidas por el Congreso del Estado afectaron los derechos político-electorales, sufragados el 2 de junio, durante los pasados comicios, en los que resultó airoso el gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien tomó posesión por un periodo de 5 años.
Por su parte, la Coparmex nacional presentó un recurso a nivel nacional, en el Tribunal Federal, que viene en los mismos términos.
Estos recursos se suman a los ejercidos por los partidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el propio Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales podrían resolverse el año entrante.
BONILLA SE AFERRA A LOS 5 AÑOS
Dos nuevos asuntos y la controversia solicitada por el anterior Gobierno del Estado se acumularon al expediente en el que ya obraban las acciones de inconstitucionalidad admitidas a cuatro partidos, así como la petición amicus curiae que hizo el Senador de Morena, Germán Martínez, en contra de la reforma aprobada para prolongar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla. Además, el 31 de octubre, el INE presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tres medidas impulsadas en el ánimo de revertir la reforma con la que el mandato del nuevo Gobernador Jaime Bonilla Valdez se ampliara de dos a cinco años, fueron incorporadas al expediente en el que ya obraban las acciones tramitadas por los partidos nacionales de oposición y el escrito del Senador Germán Martínez remitido en la modalidad de amicus curiae (“amigos de la Corte”).
Se trata de la Controversia Constitucional interpuesta por la administración anterior, una acción de inconstitucionalidad del Partido de Baja California (PBC) y un escrito firmado por cuatro ex contrincantes de Bonilla Valdez, quienes presentaron el documento en la modalidad de amicus curiae, que permite a particulares participar de forma indirecta en un juicio.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a promover un recurso legal, luego que la acción declarativa que había presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con miras a clarificar el periodo por el que habrá de gobernar Jaime Bonilla, le fue denegada bajo el argumento de que el INE carece de potestad para tramitar un procedimiento de esa naturaleza.
La nueva demanda, que constituye una acción orientada a declarar inconstitucional el Decreto 351 con el que se reformó el Artículo Octavo Transitorio que privilegiaba una gubernatura de dos años, fue presentada el 31 de octubre por el Secretario Ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina.
Como argumento para proceder ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE señaló que “el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California”.
Según dio a conocer el órgano electoral, este ha hecho “valer sus facultades constitucionales implícitas considerando que el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo”.
Por otro lado, la controversia procedente del Gobierno predecesor (el cual estuvo encabezado por Francisco Vega de Lamadrid) fue incorporada a una lista de acuerdos de la SCJN el 28 de octubre. En tanto que el recurso del Partido de Baja California quedó registrado un día después en una Lista Extraordinaria de Notificaciones del máximo órgano jurisdiccional.
